Los estudiantes cuestionan el alto porcentaje de desaprobados en un exámen final.
Un grupo de estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) ha manifestado su “profundo repudio y preocupación” ante lo que califican como un bochazo masivo en los exámenes finales de Salud Pública, una materia fundamental de la carrera de Medicina. La principal denuncia de los alumnos apunta a la aplicación de criterios arbitrarios y punitivos en las evaluaciones.
Las cifras de desaprobados son consideradas alarmantes: de los $380$ alumnos que se presentaron a rendir el examen, $236$ fueron desaprobados, lo que equivale a un rotundo $62\%$ de aplazos. Los estudiantes señalaron que en algunas comisiones particulares la cifra de desaprobación superó incluso el $80\%$. Los alumnos indicaron que estas son “cifras alarmantes y fuera de cualquier parámetro razonable”, por lo que exigen una revisión urgente de las pruebas tomadas.
Los afectados afirman que el resultado no refleja en absoluto “el nivel de estudio ni el compromiso mostrado durante la cursada”. Sostienen que algunos docentes habrían llegado a admitir que los exámenes fueron diseñados “con la intención de desaprobar”, una práctica que, según los estudiantes, atenta directamente contra la formación integral y la igualdad de oportunidades académicas.
El conflicto se agravó con la eliminación de una fecha de recuperatorio, lo que dejó a cientos de estudiantes sin la posibilidad inmediata de volver a rendir la materia. Esta medida, denuncian, compromete y retrasa significativamente su avance en la carrera, por lo que exigen que se restituyan los mecanismos de evaluación previos.
Los estudiantes enfatizaron que esta situación no puede naturalizarse en el ámbito de una universidad pública, argumentando que no se está evaluando conocimiento sino “resistencia”. Subrayaron que “un examen no puede convertirse en una herramienta de exclusión”. Han iniciado gestiones formales ante las autoridades y los consejeros académicos, planteando la necesidad de abrir un debate más amplio sobre los métodos de evaluación y el rol formativo de la universidad. Concluyeron que “La exigencia académica no puede transformarse en un mecanismo de expulsión. La educación pública debe garantizar aprendizaje, no castigo”.