Se trata de una sentencia de primera instancia que será apelada por la defensa. Los jueces por unanimidad avalaron las pruebas que ponderó la fiscal de juicio.
Mariano Bruera fue condenado a 6 años de prisión y 10 de inhabilitación para el ejercicio de la función pública al ser encontrado culpable del delito de asociación ilícita luego del juicio oral desarrollado durante dos meses en el fuero Penal de La Plata. En una resolución por unanimidad el hermano del exintendente Pablo Bruera fue sentenciado en primera instancia, pero la defensa adelantó que apelará la resolución por lo tanto no se encuentra firme, tal como lo había anticipado el propio condenado en un video publicado en sus redes sociales en el que hizo su descargo después de haber mantenido silencio durante todo el proceso.
Junto a Bruera fue juzgado el ex funcionario municipal Enrique Sette, quien fue condenado a 8 años de prisión al sumársela la condena por “exacciones ilegales” y “cohecho pasivo” al tiempo que tiene prohibición perpetua para el ejercicio de la función pública, en tanto que Gustavo Petró, otro integrante del gabinete de Bruera, fue absuelto. También fue condenado a 3 años de prisión en suspenso el empresario Gustavo Orlandi, quien para los jueces pagó un soborno para lograr la rezonificación de lotes en la localidad de City Bell.
Con esta resolución los jueces del Tribunal Oral Criminal II de La Plata avalaron la hipótesis de la fiscal de juicio Victoria Huergo quien sostuvo la acusación durante el juicio oral.
La causa se inició por la denuncia del ingeniero agrónomo y empresario platense Guillermo Andreau en el año 2014. Según aseguró, los entonces funcionarios del Gobierno municipal le pidieron 220.000 dólares para rezonificar un terreno de su propiedad, para luego dividirlo en lotes y venderlo a beneficiarios del plan de viviendas Procrear.
De acuerdo con la investigación del fiscal Jorge Paolini, los terrenos de Andreau eran considerados “reserva urbana” y, por lo tanto, se impedía el loteo en parcelas más pequeñas. Sin embargo, el Código de Ordenamiento Urbano (COU) redactado durante la gestión del exintendente Pablo Bruera contemplaba que las parcelas de más de una hectárea se podían dividir por decreto sin pasar por el Concejo Deliberante y fue en ese marco que el empresario recibió la propuesta de lotear sus terrenos a cambio de una importante suma de dinero.
Con la denuncia radicada, siguió los consejos del fiscal, quien le dijo “hablá por teléfono con todos” y así se obtuvieron las escuchas telefónicas. En ese derrotero de relaciones para lograr que avance la investigación, lo fue a ver al exfuncionario Jorge Campanaro. Cuando le comentó la situación, escuchó lo que se imaginaba. Según declaró bajo promesa de decir la verdad, sostuvo que Campanaro le respondió: “Esto es una colaboración que hay que hacer, dejame ver que lo voy a hablar con Pablo”, en relación al exintendente Pablo Bruera, hermano de Mariano.
La sentencia fue unánime pero el voto fue redactado por el juez Claudio Bernard quien consideró que al momento de la denuncia de los hechos juzgados “existía una administración municipal corrupta enquistada en funcionarios públicos, con distintos roles y funciones que se dedicaban a cobros indebidos de sumas dinerarias para otorgar la rezonificación de terrenos”.
Para el juez “en esta organización delictiva se encontraban funcionarios de alto rango dentro de la escala jerárquica del municipio y operadores de menor jerarquía para lograr estos fines espurios”.
En la resolución se deja en claro que existían dos ventanillas de cobros de sobornos: “Por un lado”, la de Enrique Sette, Roberto Moreno, Raúl Moratti y Christian Ybarra, pero “por otro lado, la de (Jorge) Campanaro, que según sus aseveraciones tenía acceso directo e inmediato con el intendente Dr. Pablo Bruera”.
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El juez mostró su diferencia con la instrucción de la causa por entender que se investigó una sola de las ventanillas de cobros ilegales y lamentó que no se pidieran las intervenciones de los teléfonos de otros exfuncionarios como Jorge Campanaro.
“Considero que esta medida judicial, la cual no fue requerida por el Ministerio Público Fiscal, hubiese sido necesaria e imprescindible en la dilucidación del otro extremo ilícito reinante en la Municipalidad. En una investigación compleja y con un entramado en el cual existían funcionarios con distintos roles y funciones en una organización vertical y jerárquica destinada a cobrar sumas indebidas, no resulta lógico ni razonable, a mi criterio, intervenir teléfonos de empleados de menor rango y no adoptar igual criterio con los más altos funcionarios”, sentenció el juez Bernard.