La fiscal y los abogados de la víctima solicitaron duras penas para los cuatro acusados. Las defensas alegarán el próximo jueves

Un pedido de graves condenas recayó sobre los cuatro empresarios Carlos Bellone, Raúl “Peque” García, Santiago Piedrabuena y Gastón Haramboure, acusados de “homicidio simple con dolo eventual”, por la muerte de Emilia Uscamayta Curi durante una fiesta clandestina de año nuevo que se desarrolló el 1 de enero de 2016 en una casaquinta ubicada en la localidad de Melchor Romero.

Tras describir y analizar toda la prueba producida durante el juicio oral, la fiscal Silvina Langone solicitó, en su planteo principal, que Bellone sea condenado a la pena de 8 años de prisión, mientras que los otros tres acusados sean sentenciados a 14 años de prisión, por considerarlos coautores del hecho. Las diferencias en los montos de penas requeridos se basan en que Bellone no tiene antecedentes penales, mientras que sus socios sí.

Como planteo subsidiario instó a que se los condene por homicidio culposo. En este nuevo marco pidió tres años de prisión para Bellone y cinco años para los restantes. En ninguno de los escenarios solicitó la detención de los sospechosos.

La funcionaria señaló en su alegato que en la fiesta “no había médicos, guardavidas ni ambulancia”. “Actuaron con total incumplimiento de las normas para asegurar la vida de los concurrentes a la fiesta, conocían los riesgos asumidos, se expedían sin control bebidas alcohólicas, actuaron con total desprecio por la vida”, concluyó Langone antes de solicitar las penas.

Luego fue el turno de los abogados de la familia de la víctima. El primero en tomar la palabra fue Adrián Rodríguez Antinao quien, mientras alegaba, proyectaban imágenes del expediente, fotos de la fiesta y un video de mucha gente en la pileta.

“Emilia era estudiante universitaria, militante de los pueblos originarios y las diversidades. Amiga. Viajera. Tuvimos la suerte de contar con una fiscal comprometida con la causa, una funcionaria independiente. Le pedimos al tribunal que el enfoque del decisorio sea con una mirada de género”, expresó el letrado.

En otro tramo de su relato señaló que “Emilia, como toda joven fue a divertirse y se fue casi muerta, esparcirse sin riesgo es un derecho constitucional, en la venta previa del evento se prometió la presencia de una ambulancia, la dejaron en el hospital y huyeron, Emilia llegó muerta”, fueron algunos de los conceptos vertidos para complementar el puntilloso alegato de la fiscal.

Luego tomó la palabra su colega Ignacio Fernández Camillo, quien pidió que se investigue por falso testimonio a los tarjeteros que vendieron las entradas del evento y a María Lorena Buffone, pareja de Bellone.

Sostuvo que tras el hecho existió persecución política, a tal punto que el gobierno provincial de María Eugenia Vidal despidió sin causa a Rodríguez Antinao, quien trabajada en la Secretaría de la Niñez. En mayo de este año, la justicia dictaminó la nulidad de esa resolución y ordenó reponer al abogado en su cargo.

En el último tramo de alegato el letrado despedido por la administración Vidal pidió que se tengan en cuenta como agravantes de la pena para los cuatro acusados: “La violación de toda normativa vigente; la puesta en peligro de todos los concurrentes a la fiesta; el afán de lucro; el desprecio por la dignidad humana de los concurrentes; el que se quería sentar tenía que pagar el acceso al VIP, de lo contrario, al barro (la noche anterior había llovido y el parque de la quinta estaba mojado); la falta de arrepentimiento de los imputados; que la fiesta haya continuado después del hecho y los antecedentes penales de Haramboure, Piedrabuena y García”.

Los abogados solicitaron 10 años de cárcel para Bellone; 14 para Haramboure, Piedrabuena y García; y no realizaron ningún planteo subsidiario.

La próxima audiencia será este jueves 24 de agosto, a las 10:00 horas, según dispusieron los jueces Ernesto Domenech, Santiago Paolini y Andrés Vitali, del Tribunal Oral Criminal III de La Plata. Ese día comenzarán los alegatos de las defensas.