La Universidad Nacional de La Plata inició este martes una medida de fuerza de 48 horas. Reclaman la promulgación de la ley aprobada por el Congreso, que actualiza el presupuesto y contempla una recomposición salarial.
La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) comenzó este martes la primera de las dos jornadas de paro convocadas en reclamo por la falta de promulgación de la Ley de Financiamiento Universitario. La medida afecta tanto a docentes como a trabajadores nodocentes, que suspenderán actividades hasta el miércoles para exigir la aplicación de la norma y mayores recursos para el sistema público.
El paro fue impulsado por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) y la Federación Argentina de Trabajadores de Universidades Nacionales (FATUN), y se enmarca en un plan nacional de lucha. Desde la Asociación de Docentes de la Universidad de La Plata (ADULP) destacaron que la falta de promulgación mantiene a las universidades “en un estado crítico de funcionamiento y con salarios cada vez más deteriorados”.
En la UNLP, la medida impacta en el dictado de clases teóricas y prácticas, así como en las tareas administrativas y de apoyo académico. Cada facultad y colegio dependiente definirá cómo reorganizar los contenidos afectados durante los días de paro.
La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada por el Senado el 2 de octubre, tras el veto del Poder Ejecutivo, pero aún no fue promulgada. La norma dispone que las partidas presupuestarias destinadas a universidades, hospitales universitarios, ciencia y tecnología se actualicen según la inflación acumulada de 2023 y 2024, a partir del 1° de enero de 2025. También prevé una recomposición salarial mensual desde diciembre del año pasado.
Sin embargo, la falta de promulgación impide la ejecución de esas actualizaciones y genera incertidumbre sobre la continuidad de las actividades. “El retraso en la aplicación de la ley pone en riesgo el funcionamiento cotidiano de las universidades públicas”, señalaron desde Conadu.
Durante la semana continuarán las acciones de visibilización del conflicto, con la expectativa de que el Gobierno avance finalmente con la promulgación y reglamentación de la ley aprobada por el Congreso