Un nuevo incendio forestal en un cañaveral de la Isla Santiago de Ensenada ha desatado una fuerte polémica, encendiendo las alarmas de la ONG Nuevo Ambiente, que denuncia un avance ilegal de negocios inmobiliarios en la zona.
El fuego desatado el pasado martes en un sector de la Isla Santiago reitera un patrón anual que, según la ONG Nuevo Ambiente, liderada por Marcelo Martínez, genera sospechas. La organización denuncia que el siniestro se registró cerca de la toma de agua, una zona con importante vegetación e involucrada en el paisaje protegido, donde se registran ocupaciones ilegales de espacio público y construcciones de particulares.
En un comunicado, Nuevo Ambiente no solo apunta a las usurpaciones que “cercan impunemente el lugar e impiden el acceso al público”, sino que critica la ausencia de control oficial y la falta de un plan de manejo ambiental que la Comuna y la Provincia tienen obligación de confeccionar para la Isla Santiago y la Isla Paulino (Berisso).
La Municipalidad de Ensenada respondió a la denuncia, tachando la acción de la ONG como un “show ambiental”. El Municipio defendió su gestión, asegurando que aplica el “plan de manejo” aprobado por autoridades provinciales y que “de ningún modo se avala la usurpación de terrenos”.
La ONG, por su parte, expresó su “profunda preocupación ante la ausencia de un protocolo de contingencia y análisis de riesgo ante incendios forestales” en un área de tanta complejidad, dada su variada flora y fauna, además de contar con habitantes permanentes, una comunidad educativa y visitantes.
La denuncia de la ONG recuerda que la problemática se enmarca en un contexto judicial claro. El Juzgado Contencioso Administrativo de La Plata dictaminó previamente que los municipios de Ensenada y Berisso deben abstenerse de “autorizar y/o gestionar… la construcción de emprendimientos urbanísticos, aprobar loteos y/o subdivisiones y todo proyecto que implique movimiento de suelos y desmonte”.
Esta restricción debe mantenerse “hasta tanto se dicten normas de aplicación de las leyes 11.723 y 12.704 y se impulse el ‘Plan de manejo ambiental'”.
Nuevo Ambiente cerró su comunicado asegurando que evalúa los próximos pasos a seguir, señalando que la responsabilidad no solo recae en los usurpadores, sino también en las autoridades que hacen “caso omiso” de lo que sucede en el área protegida, lo que podría derivar en acciones legales por incumplimiento de resoluciones judiciales.