Un camarista de La Plata denunci\u00f3 a dos juezas integrantes de la Sala I de la C\u00e1mara de Apelaciones y Garant\u00edas por la presunta elaboraci\u00f3n de una resoluci\u00f3n paralela que habr\u00eda alterado su voto. Una pericia inform\u00e1tica de la Suprema Corte bonaerense registr\u00f3 18 intervenciones sobre ese documento antes de la firma del fallo original, mientras la causa penal por usurpaci\u00f3n ya estaba prescripta.<\/p>\n\n\n\n
La causa se encuentra en plena etapa de investigaci\u00f3n en la Unidad Funcional de Instrucci\u00f3n 3 de La Plata, a cargo del fiscal Gonzalo Petit Bosnic. La denuncia fue presentada por el camarista Ra\u00fal Dalto contra sus pares Mar\u00eda Silvia Oyhamburu y Mar\u00eda Sof\u00eda Rezz\u00f3nico Bernard, integrantes de la Sala I de la C\u00e1mara de Apelaci\u00f3n y Garant\u00edas en lo Penal de La Plata.<\/p>\n\n\n\n
El planteo apunta a determinar qu\u00e9 ocurri\u00f3 durante la confecci\u00f3n de una resoluci\u00f3n vinculada con un conflicto por terrenos de City Bell y Los Porte\u00f1os. Seg\u00fan la denuncia, se habr\u00eda generado una resoluci\u00f3n \u201cmelliza\u201d distinta de aquella sobre la cual Dalto trabajaba y votaba, y el documento paralelo no habr\u00eda contenido \u00edntegramente su posici\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
La situaci\u00f3n adquiri\u00f3 mayor gravedad a partir de una pericia inform\u00e1tica realizada sobre el sistema judicial. De acuerdo con la auditor\u00eda incorporada al expediente, durante la ma\u00f1ana del 11 de mayo de 2026 se registraron intervenciones sobre aquella resoluci\u00f3n paralela.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan la denuncia de Dalto, la pericia registr\u00f3 18 intervenciones antes de que el camarista firmara la resoluci\u00f3n original. Tambi\u00e9n se detectaron firmas parciales, retiro de firmas y modificaciones relacionadas con su voto. Para el magistrado, esa secuencia resulta incompatible con la hip\u00f3tesis de un simple error administrativo o tecnol\u00f3gico.<\/p>\n\n\n\n
El expediente tiene como trasfondo una disputa por terrenos sobre los que se proyect\u00f3 la urbanizaci\u00f3n Clementina II, un desarrollo inmobiliario impulsado por Astufa Fiduciaria S.A., cuyo presidente y fiduciario es Juan Sebasti\u00e1n Lorne Stephens. El emprendimiento comprende cinco parcelas, unas 20 manzanas y alrededor de 228 lotes en la zona de City Bell y Los Porte\u00f1os, en inmediaciones del Arroyo Carnaval.<\/p>\n\n\n\n
La familia Carrizo sostiene que posee esos terrenos desde hace aproximadamente 60 a\u00f1os. En mayo de 2020 denunci\u00f3 que personas que se presentaban como propietarias hab\u00edan comenzado a realizar actos para desplazarlos del lugar. En ese contexto, seg\u00fan el expediente, Lorne Stephens se present\u00f3 con una orden de servicio policial que los denunciantes se\u00f1alaron como falsa y que atribu\u00eda al fiscal \u00c1lvaro Garganta la orden de retirar elementos y edificaciones del campo.<\/p>\n\n\n\n
El conflicto tuvo adem\u00e1s una derivaci\u00f3n en la Justicia Civil. All\u00ed se dict\u00f3 una medida cautelar de no innovar, se produjo prueba y finalmente se hizo lugar a un interdicto de retener la posesi\u00f3n promovido por Luis Leopoldo Carrizo contra Lorne Stephens y Astufa Fiduciaria S.A. La resoluci\u00f3n orden\u00f3 cesar los actos de turbaci\u00f3n sobre la posesi\u00f3n. La C\u00e1mara Civil confirm\u00f3 posteriormente ese fallo e impuso las costas de la segunda instancia.<\/p>\n\n\n\n
En paralelo continu\u00f3 una causa penal por usurpaci\u00f3n. El expediente pas\u00f3 por distintos juzgados e instancias hasta llegar a la Sala I de la C\u00e1mara Penal platense, donde intervinieron Oyhamburu, Rezz\u00f3nico Bernard y Dalto. En ese \u00e1mbito se dict\u00f3 una resoluci\u00f3n que ordenaba la restituci\u00f3n inmediata del inmueble y establec\u00eda un plazo de 72 horas para concretar el desalojo.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, seg\u00fan consta en el expediente, posteriormente el fiscal Patricio Barraza reconstruy\u00f3 los actos procesales y concluy\u00f3 que el \u00faltimo acto interruptivo de la prescripci\u00f3n hab\u00eda sido el 3 de agosto de 2021. De acuerdo con esa postura, hab\u00edan transcurrido sobradamente los tres a\u00f1os previstos por la ley, por lo que la prescripci\u00f3n imped\u00eda continuar la investigaci\u00f3n y hac\u00eda inviable ejecutar el lanzamiento dispuesto mediante el art\u00edculo 231 bis del C\u00f3digo Procesal Penal.<\/p>\n\n\n\n
La denuncia por prevaricato y la resoluci\u00f3n paralela
En ese escenario apareci\u00f3 la denuncia formulada por el propio camarista Dalto. El magistrado sostuvo que mientras se elaboraba la resoluci\u00f3n se hab\u00eda generado otra versi\u00f3n del documento, una resoluci\u00f3n \u201cmelliza\u201d, que presentaba modificaciones respecto de su voto.<\/p>\n\n\n\n
Tras conocerse los resultados de la pericia inform\u00e1tica, las denuncias contra las magistradas fueron ampliadas y se incorpor\u00f3 la posible comisi\u00f3n del delito de prevaricato. El expediente se\u00f1ala que la investigaci\u00f3n debe establecer, entre otros puntos, qu\u00e9 conoc\u00edan las juezas al momento de decidir y si la resoluci\u00f3n cuestionada fue dictada con conocimiento de que resultaba contraria a las normas aplicables.<\/p>\n\n\n\n
El juez de Garant\u00edas Pablo Raele tampoco ejecut\u00f3 directamente el desalojo. Seg\u00fan el expediente, consider\u00f3 que exist\u00edan impedimentos legales para concretarlo y devolvi\u00f3 la cuesti\u00f3n a la C\u00e1mara.<\/p>\n\n\n\n
A la investigaci\u00f3n se sum\u00f3 luego otra circunstancia que gener\u00f3 cuestionamientos. Lorne Stephens volvi\u00f3 a recurrir y, seg\u00fan surge del expediente, utiliz\u00f3 los mismos antecedentes jurisprudenciales de tribunales cordobeses y un razonamiento jur\u00eddico sustancialmente similar al que hab\u00edan desarrollado Oyhamburu y Rezz\u00f3nico Bernard en su resoluci\u00f3n anterior.<\/p>\n\n\n\n
El planteo adquiri\u00f3 especial relevancia porque esas mismas magistradas, ya denunciadas por los hechos vinculados con la resoluci\u00f3n paralela, pod\u00edan volver a intervenir sobre el conflicto. La situaci\u00f3n fue cuestionada bajo el argumento de que pod\u00eda quedar comprometida la apariencia de imparcialidad.<\/p>\n\n\n\n
La investigaci\u00f3n deber\u00e1 determinar ahora si existi\u00f3 una irregularidad en la confecci\u00f3n de las resoluciones, qu\u00e9 alcance tuvieron las modificaciones detectadas por la pericia y cu\u00e1l fue el conocimiento de las magistradas sobre la situaci\u00f3n procesal de la causa al momento de ordenar el desalojo.<\/p>\n\n\n\n
Por el momento, se trata de hechos denunciados que deben ser investigados y no de una condena contra las magistradas. La causa tramita en la UFI 3 de La Plata y deber\u00e1 establecer si las actuaciones denunciadas configuran delitos y, eventualmente, qui\u00e9nes ser\u00edan responsables.<\/p>\n\n\n\n
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