Proveen multas millonarias y clausuras a quienes no cumplan. Es una modificación a la ordenanza 11.623 que obliga a supermercados, bancos, boliches y otros comercios a instalar dispositivos que den a la vía pública.

El oficialismo en el Concejo Deliberante platense busca endurecer las sanciones para los comercios, boliches, bancos y supermercados que no cumplan con la ordenanza 11.623 que los obliga a instalar cámaras de seguridad y a dejarlas funcionando las 24 horas con el objetivo de ser monitoreadas por el Centro de Monitoreo Municipal (COM) de La Plata y contribuir así al sistema de vigilancia para bajar el delito.

El proyecto, que tomó estado parlamentario en la última sesión, es impulsado por el presidente del Concejo Deliberante, Darío Ganduglia, y modifica la ordenanza que rige desde 2018 y que obliga a la instalación de videocámaras de seguridad en el perímetro exterior de “grandes superficies comerciales y cadenas de distribución, boliches nocturnos, entidades bancarias, hipermercados y de recursos financieros, centros de consumo y servicios con una superficie mayor a 1.800 m2 y estaciones de servicio” de la ciudad. 

La ordenanza actual ya prevé multas, pero el proyecto de Ganduglia -quien fue secretario de Políticas Públicas en Seguridad y Justicia antes de asumir como presidente del Concejo- prevé un incremento de los montos pero también la clausura temporal del local en cuestión.

El artículo 10 del proyecto ingresado por Juntos dispone “clausura temporal y/o una multa de 200 a 4000 módulos” para quienes no instalen las cámaras, no cumplan con las condiciones de funcionamiento exigidas en la ordenanza o se nieguen a entregar las imágenes al Municipio. El módulo está fijado en la actualidad en 542,34 pesos, es decir que las sanciones económicas irían de los 108.500 pesos hasta los 2.169.360 pesos.

Además, ante la falta de captación de imágenes de forma permanente, independientemente de que el local esté abierto o no, también se impondrá “clausura temporal y/o multa de 200 a 2500 módulos”; es decir, entre 108 mil pesos y 1.355.850 pesos.

Por último, el proyecto también incorpora multas para quienes divulguen las imágenes o filmaciones, o las modifiquen o supriman contraviniendo la ordenanza. En estos casos también se sancionará con clausura temporal o sanción de entre 200 y 4.000 módulos. 

En los considerandos del proyecto se explica que el objetivo es “solucionar la baja tasa de cumplimiento” de la ordenanza. “Se busca remediar esta problemática mediante la elevación de las penas por causa de la omisión de los deberes impuestos, las cuales actualmente suponen un perjuicio patrimonial ínfimo para los sujetos obligados y, por lo tanto, facilitan el incumplimiento de la normativa vigente”, señala el autor de la modificación.

“Mediante este proyecto se busca solventar las problemáticas que impiden el buen manejo del programa creado para así incrementar la videoviligancia y la seguridad de los vecinos de La Plata”, concluye.