El CECIM de La Plata envió una carta documento a Pablo Quirno otorgándole un plazo de 72 horas para que el Gobierno actúe frente a una inminente conexión marítima entre Punta Arenas y Puerto Argentino. La organización advierte que el proyecto facilitará la explotación ilegal de hidrocarburos.
El anuncio de una inédita conexión logística con las Islas Malvinas encendió las alarmas y derivó en un ultimátum al Gobierno nacional. El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata remitió en las últimas horas una carta documento al canciller Pablo Quirno, exigiéndole una intervención urgente y formal frente a la próxima inauguración de una nueva ruta comercial marítima que unirá a la ciudad chilena de Punta Arenas con Puerto Argentino.
El conflicto se originó a principios de septiembre, cuando trascendió la firma de un acuerdo tripartito entre el municipio trasandino, la empresa Easter Island Naviera y la Falkland Islands Development Corporation. Según el cronograma denunciado, una delegación isleña tiene previsto visitar Punta Arenas a fines de este mes para ultimar los detalles de la operatoria, cuyo viaje inaugural se concretaría en noviembre de 2026.
En su dura presentación legal, el CECIM advirtió que el propósito de esta ruta excede largamente el simple abastecimiento de alimentos, vinos o repuestos. Para la entidad, el trazado marítimo constituirá un eslabón logístico fundamental para el desarrollo del proyecto “Sea Lion” (León Marino), una iniciativa orientada a la explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina. Al respecto, desestimaron la aclaración del alcalde chileno, Claudio Radonich, sobre el uso de un buque con “otra bandera”, considerando que esa maniobra no altera la gravedad del objetivo comercial.
Frente a este escenario, los ex combatientes intimaron al titular del Ministerio de Relaciones Exteriores a que, en un plazo perentorio de 72 horas, aplique las competencias del reciente Decreto 868/2026, normativa publicada hace pocos días en el Boletín Oficial que designa a la Cancillería como autoridad de aplicación. La principal exigencia radica en que se instruya de manera inmediata a la Embajada argentina en Santiago de Chile para elevar una protesta formal y por escrito ante las autoridades del país vecino.
El documento concluye con un fuerte cuestionamiento político e institucional hacia el accionar del Palacio San Martín: “La soberanía que no encarece el saqueo no lo detiene: lo subsidia”. A modo de cierre, la organización le recordó al funcionario que su obligación constitucional “no se agota en conocer la normativa, sino en aplicarla”, definiendo dicha intervención como una competencia irrenunciable y de ejercicio obligatorio para la defensa de los intereses nacionales.