Mientras desde el Gobierno aseguran que “hay un sector que está obturando una salida pacífica”, grupos de Izquierda marcharon frente a la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Crece la tensión en Guernica por la toma de tierras y el desalojo inminente.

Organizaciones políticas de izquierda marcharon esta tarde frente a la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires para expresarse en contra del gobierno de Axel Kicillof por la situación de las usurpaciones de tierras, en particular en el predio de Guernica.

“No a los desalojos”, fue la principal consigna que esgrimen los manifestantes, en un contexto de tensión creciente entre los diferentes sectores políticos.

En la protesta participaron el Polo Obrero, Libres del Sur, MTR, Corriente Nacional Darío Santillán, Movimiento de Unidad Latinoamericana PTS -con Nicolás del Caño en el lugar-.

Los movimientos de izquierda presentaron un petitorio a la Gobernación de la provincia de Buenos Aires y a la Justicia en la que exigen “la cesión del 10% de la superficie total involucrada en el proyecto del barrio cerrado San Cirano”, además del traslado de la gente a tierras fiscales de otros distritos.

Basados en los planos del emprendimiento inmobiliario e imágenes satelitales, sobre el movimiento de suelo ya realizado, el escrito puntualiza que “en la actualidad son 13 hectáreas y a futuro 23 hectáreas adicionales hasta completar 36 hectáreas, tal cual prevé el artículo 51 de la Ley 14.449, en relación a Grandes Emprendimientos Inmobiliarios que establece la cesión del 10% de las tierras involucradas en este tipo de proyecto para fines sociales”.

El día domingo, el Gobierno bonaerense intentó llevar adelante un “operativo interministerial de asistencia” a las más de 2.000 familias que participan de la toma de tierras en Guernica pero se encontró con la resistencia de las organizaciones sociales que intervienen en el conflicto.

El ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a cargo de Andrés Larroque, denunció que “un grupo de organizaciones de izquierda impidieron de manera violencia el ingreso y la asistencia del gobierno provincial a las familias que se encuentran dentro del predio”.

Cabe recordar que el juez que interviene en la causa postergó, a pedido de las autoridades provinciales, el desalojo previsto para el pasado 23 de septiembre, estableciendo como nueva fecha el 1 de octubre.