“La familia Larrán tiene las manos manchadas con sangre”, denunciaron desde el Bosquesito Vivero Experimental luego del desalojo con topadoras. Además, denunciaron que en la ex fábrica FASACAL, funcionó como centro clandestino de tortura y detención durante la última dictadura en Argentina.

 El pasado lunes 29 de junio, efectivos de la policía bonaerense desalojaron el espacio cultural Bosquesito Vivero Experimental de José Hernández, donde funcionó en la década del 70 FASACAL S.A., ex fábrica de cal perteneciente a la Familia Larrán, denunciada por funcionar como centro clandestino de detención en la última dictadura en Argentina.

Luego de 30 años de abandono, un grupo de personas se organizó de manera autogestiva para recuperar y sanear el predio debido a la contaminación producto del mineral que allí se trabajaba y el basural a cielo abierto en que había devenido.

Once años de cuidados, mantención, y actividades sobre la importancia de la soberanía alimentaria y la agroecología, la cultura y sus expresiones, el trabajo en comunidad en la huerta, la biblioteca, y el cuidado y recuperación de semillas nativas, fueron arrasados por las topadoras estatales. Topadoras que, a pesar de que un Juez Ernesto Kreplak haya decretado “no innovar” en ese terreno, ingresaron de igual manera para hacer efectivo el desalojo a pedido del Subsecretario de Gestión Ambiental municipal, Germán Larran.

“Nosotres llegamos en el 2010 y construimos una casita cultural, con biblioteca, cocina, para recuperar el espacio abandonado hace 30 años para producir plantas nativas y medicinales”, contó Aike, una de las organizadoras de la resistencia, en comunicación con Radio Estación Sur. “A las 9.30 de la mañana cayó la policía con topadoras, comenzaron por la vía y las casillas y teníamos que cuidar que a las familias de las vías no las desalojen”, agregó.

En 2016, el Bosquesito sufrió el primer ataque por parte de Jorge Larrán, quien denunció la usurpación del terreno y pidió un desalojo exprés que fue rechazado por la justicia. En ese momento el espacio se conformó como Asociación Civil. Sin embargo, el 15 de noviembre de 2018, su hijo, Germán Larrán, irrumpió en el lugar sin orden judicial con retroexcavadoras, dos empleados y patrullas sin patentes.

El funcionario platense, forma parte del directorio de la empresa, junto a su madre y hermana. Por lo que las acciones para desalojar a la comuna del espacio cultural recuperado, fueron denunciadas como un intento de ocultar la complicidad de la familia con el plan sistemático ejecutado por las fuerzas armadas que secuestraron, torturaron y desaparecieron a 30.400 personas. “La familia Larrán tiene las manos manchadas con sangre”, denunció Aike.

“Después de un par de años nos enteramos que en la fábrica torturaban y desaparecían personas, por eso comenzamos la denuncia por delitos de lesa humanidad. También nos enteramos que Jorge Larrán era funcionario municipal durante la dictadura”, sostuvo. “Tenemos una exigencia para que el EAAF (Equipo Argentino de Antropología Forense) venga a hacer las investigaciones en el terreno, y si nosotres no apretamos no avanzan”, manifestó.

Según denunciaron, la investigación por delitos de Lesa Humanidad no avanza y la irrupción sobre el terreno posibilita el encubrimiento por parte del municipio. Es por ello, que desde el Bosquesito y organizaciones de Derechos Humanos, exigen la intervención del EAAF para investigar. Por la memoria, la verdad y la justicia, “solidaridad, huerta y rebeldía”, proclamaron.

El desalojo fue pedido por el abogado de la familia Larrán, Hernan Pavia, y ordenado por el juez Héctor Iacomini, titular del Juzgado Civil y Comercial N° 21 de La Plata.

Fuente: Radio Estación Sur