Su abogado lo presentó ante el Tribunal que lo juzgará desde el 3 de marzo y también solicitó sobreseimientos. Se vienen indagatorias a empresarios y políticos.
El exsindicalista Juan Pablo “El Pata” Medina pidió la nulidad de todas las denuncias anónimas en su contra que fueron aceptadas como pruebas para fundamentar su detención, tras la comprobación, por medio de la filtración de los videos de las reuniones de la mesa judicial denominada “Gestapo”, de una estrategia de persecución judicial a sindicalistas por parte del gobierno de María Eugenia Vidal.
La presentación fue realizada por el abogado César Albarracín ante el Tribunal Oral Criminal Federal 2 de La Plata, que el próximo 3 de marzo comenzará a juzgar al exgremialista (junto a parte de su familia y ex dirigentes de UOCRA La Plata) acusado de extorsión, asociación ilícita y lavado de dinero.
La defensa reclamó la nulidad absoluta de las denuncias anónimas contra Medina y en consecuencia el sobreseimiento del procesado que está con arresto domiciliario. También señaló que el sobreseimiento debe hacerse extensivo a otros de los acusados entre los que mencionó a María Fabiola García (esposa de Medina), David Emiliano García, Ruben Darío Roldán, Pablo Nicolás Neces, Lara Miacael Muñóz y Marianela Lujan Pagnoni. E
Wn caso de que los jueces hagan lugar a la medida impulsada por la defensa, no se realizará el juicio oral dispuesto para la próxima semana.
Albarracín basó el planteo en que los hechos fueron “fruto de una actividad delictiva de inusitada gravedad institucional desplegada por un conjunto de altísimos funcionarios”.
“De hecho, el encarcelamiento que aún hoy padece Juan Pablo Medina, así como las restricciones sindicales que pesan en su contra, son consecuencia de aquella actividad delictiva, que sigue proyectando sus efectos”, agregó Albarracín.
Medina fue detenido a finales de septiembre de 2017, meses después de que se llevara adelante la reunión en la sede porteña del Banco Provincia, que se dio a mediados de junio de aquel año y en la que participaron exagentes de la Agencia Federal de Inteligencia y exfuncionarios del gobierno de María Eugenia Vidal. En ese encuentro, Marcelo Villegas extitular de la cartera de Trabajo bonaerense, expresó su deseo de contar con una “Gestapo” para “terminar con los gremios”.
A lo largo del escrito el letrado destacó varios puntos para fundamentar la nulidad de la causa contra el dirigente platense. En principio, señaló la relación entre el titular de la UOCRA nacional, Gerardo Martínez, y el por entonces presidente Mauricio Macri. Albarracín explica que el exmandatario y el sindicalista habrían conversado sobre el “Pata” Medina en un viaje a Honduras. Además, en publicaciones periodísticas se dio a conocer una serie de nombres que el expresidente quería “sacarse de encima”.
El abogado también resaltó que el 5 de mayo de 2017 “comenzaron las tareas de espionaje sobre Medina y su entorno” y que una semana después “se inició la embestida judicial” contra el gremialista a través de una denuncia anónima; recordó la reunión en el Bapro a mediados de ese año y destacó la presentación de dos denuncias anónimas, una del 30 de junio y la otra el 31 de julio. Para Albarracín, “existía una decisión política del gobierno nacional y del gobierno provincial para concretar el plan de encarcelamiento de Juan Pablo Medina y su entorno”.