En el marco de 19 allanamientos realizados por la PFA, fueron arrestadas más de diez personas y se encontraron escrituras truchas
Con un total de nueve hombres y una mujer (entre 20 y 54 años) fueron detenidos al ser acusados de integrar una organización delictiva dedicada a usurpar viviendas que luego eran comercializarlas por medio de distintas plataformas, con documentación y escrituras truchas. Entre los acusados se encuentran un escribano y un policía de la Bonaerense.
Los arrestos se hicieron este viernes en el marco de 19 allanamientos que se ejecutaron en domicilios de la ciudad platense y de las localidades de Villa Elvira, Hornos, Melchor Romero y Altos de Lorenzo. Los operativos, realizados por efectivos de la División Antifraude de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina, fueron ordenados por la titular del Juzgado de Garantías N°5 de la Plata, Marcela Inés Garmendia, a instancias del requerimiento elevado por la fiscal Betina Lacki, quien llevó adelante una compleja investigación junto con la PFA.
En la primera de las investigaciones fueron detenidos el abogado y empleado judicial Carlos Ibarrola, quien está acusado de formar parte de una asociación ilícita junto a policías, al menos un escribano y un martillero, junto a particulares quienes se dedicaban a la usurpación de propiedades.
En el marco de esta investigación penal también fueron detenidos el policía Martín Ayala, un escribano identificado como Julián Castrillo y un martillero, entre otros implicados. En tanto hay varios prófugos que son intensamente buscados por personal policial.
La investigación comenzó a partir de que se detectaran coincidencias en varios hechos de usurpación. Las personas que se encargaban de tomar poseción total de las casas eran las mismas y esto despertó sospechas sobre la existencia de una organización encargada de realizar estos movimientos.
Se descubrió todo el circuito y cuáles eran las maniobras. La banda recibía datos sobre viviendas desocupadas, las usurpaba y le pasaba la información a un notario, que se encargaba de confeccionar la documentación adulterada. Finalmente, las propiedades eran publicadas a la venta a través de distintas plataformas y eran vendidas de manera fraudulenta.