La Confederación General del Trabajo junto a la CTA y otros gremios y organizaciones sociales se movilizaron al Congreso contra la Ley Ómnibus y el mega DNU de Milei.

En rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y a la ley ómnibus impulsados por el Gobierno, comenzó el paro nacional por 12 horas convocado por la Central General de los Trabajadores (CGT) para este miércoles 24 de enero.

En contra de las políticas del presidente Javier Milei, acompañan al paro de la CGT diferentes sindicatos y gremios como el de transporte, bancarios, personal de salud y administración pública.

Tras un acto frente a una multitud, la CGT publicó un comunicado “en defensa de los derechos civiles, sociales y laborales de nuestra Nación”.

“Hoy vemos como el Gobierno busca romper con el contrato social mediante políticas y reformas que solo buscan avasallar los derechos y conquistas del pueblo argentino Reafirmamos nuestra convicción sobre la importancia del dialogo social como la única herramienta para crecer con equidad, y que permite elaborar una estrategia sustentable para lograr desarrollo, producción y trabajo digno, con justicia social”, detalla el escrito difundido.

Además, enumeraron las razones en contra del DNU y la ley ómnibus:

“Ponen en riesgo a nuestras pequeñas y medianas industrias.
Atropellan y desconocen garantías constitucionales individuales, derechos colectivos y derechos laborales.
Castigan al comercio del mercado interno.
Ponen en riesgo la soberanía territorial, económica, alimentaria y ambiental
Desfinancian la salud pública, la educación pública, la investigación, las estructuras científicas y las instituciones culturales
Vulnera el Código Civil
Desprecian y se desentienden de los adultos mayores jubilados
Habilitan la privatización de las empresas estatales a solo firma, enajenando así el patrimonio público
Autorizan la extranjerización de nuestros recursos naturales y toda la arquitectura jurídica que sustenta el desarrollo nacional
Pretenden arrogarse la suma del poder para el Presidente, desconociendo el orden republicano.
Desguazan al Estado, para quitarle su potestad de regulación.
Generan inseguridad jurídica desalentando las inversiones.
Construyen un aparato represivo y reformas del código penal, que no están al servicio de la seguridad de los ciudadanos, ni para combatir el delito y el narcotráfico, sino sólo al servicio de reprimir las protestas sociales y las manifestaciones gremiales y políticas”.