Los trabajadores enrolados en la UTA confirmaron el paro de micros que afecta a toda el área metropolitana, hasta que las empresas paguen el aumento acordado.
Los choferes de micro enrolados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) ratificaron la protesta anunciada en las últimas horas del miércoles y desde las 0 de este jueves dio inicio un nuevo paro de transporte que afecta no solo a La Plata, Berisso y Ensenada sino también al resto del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Las perspectivas, además, no son nada alentadoras y es que los conductores adelantaron que si las empresas no acreditan el saldo reclamado en el transcurso de esta jornada, el paro de micros podría extenderse también durante los próximos días.
El miércoles venció el cuarto intermedio que se dieron el gremio y las cámaras empresarias del sector del transporte que operan líneas de colectivos. Las partes volvieron a verse las caras, pero la negociación no llegó a buen puerto y los choferes anunciaron la profundización de su protesta. Fuentes gremiales locales indicaron que las negociaciones no llegaron a buen puerto, por lo que los trabajadores solo se encuentran a la espera de que los aumentos acordados en el marco de las paritarias sean abonados para volver al trabajo.
“Si aparecen los 250 mil pesos de diferencia, trabajamos normalmente”, había dicho el secretario general de UTA a nivel nacional, Roberto Fernández, tras una de las reuniones del lunes. Aquel compromiso, sin embargo, no se cumplió.
¿Cuáles son las líneas de micros afectadas por el paro?
Según pudo saber este medio, todas las líneas municipales y provinciales, incluyendo las que unen a La Plata con la Capital Federal, se encuentran sin operar.
Hasta las últimas horas del miércoles se había especulado con que las líneas 275, 307 y 506 no se plegarían a la protesta, pero finalmente los choferes a cargo de esos servicios decidieron unirse al paro y por ello ningún colectivo circula en la región.
El comunicado de la UTA
El sindicato compartió en sus cuentas de redes sociales un duro comunicado en el que da cuenta de que no hubo acuerdo y responsabilizó exclusivamente al sector empresarial por lo sucedido. En el último párrafo del comunicado que emitió este miércoles la UTA se menciona la consecuencia de esa situación: “En el día de mañana (por este jueves) los trabajadores estarán en las empresas al inicio de la jornada esperando el pago del 100% de los salarios, como requisito previo a iniciar las tareas”, adelantaron.
En la práctica la protesta de la UTA es una retención de tareas por parte de los choferes, dado que sí irán a las terminales de las distintas empresas pero no subirán a los micros hasta que vean reflejado el aumento que reclaman.
En el comunicado firmado por el propio Fernández, líder de UTA, se responsabiliza directamente a las cámaras empresariales por la situación. “Se niega a pagar los salarios en los montos acordados a pesar de que los gobiernos nacional y provincial aportaron en subsidios las sumas de $122.000.000.000, con un aumentos respecto de los meses anteriores del 42%”. También mencionan la suba de los boletos que pagan los pasajeros que trepa al 250%.
El comunicado cuestiona además que los empresarios plantean que el Gobierno debe pagar un monto superior por que “no alcanza para cubrir los costos de funcionamiento”.
El escrito es duro y critican a las empresas por “borrar con el codo los que se escribió con la mano y ante la misma autoridad de aplicación”.
¿Qué reclama la UTA?
La denuncia de la UTA es contra las empresas de transporte, que no estarían abonando lo acordado en paritarias. Cabe recordar que el 2 de febrero se acordó un incremento promedio del 17,25% para enero y febrero y una suma fija de $390.000 dividida en dos tramos, lo que llevaba el sueldo básico a $1.088.160.
En la otra campana sostienen que pesar del aumento de tarifas que aplicó el Gobierno en febrero, “las empresas reciben cada vez menos dinero”. Comentaron que hoy reciben $624,63 por usuario, un 67% que corresponde a los subsidios y el 33% restante a lo abonado por el pasajero. Las cámaras del sector reclaman una deuda de $10.000 millones que mantiene el Gobierno en concepto de subsidios.