El fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta (UFI 16) centralizará todos los casos de amenazas de tiroteo. Buscan frenar la escalada de intimidaciones que ya afecta a Ensenada y Berisso, con penas que podrían llegar a los 6 años de prisión.
La escalada de tensión en las aulas de la región alcanzó un punto de no retorno. Con un registro que ya supera las 50 denuncias formales, lo que comenzó como una serie de mensajes aislados se transformó en una crisis de seguridad que obligó a la Justicia platense a mover sus fichas con rapidez. Para evitar que la investigación se diluya en trámites burocráticos, se tomó la decisión estratégica de centralizar todos los expedientes en la UFI N° 16, bajo la conducción del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta.
Esta unificación no es un simple cambio de oficina, sino un intento por desarticular lo que parece ser un fenómeno de imitación masiva. Al concentrar los casos, el fiscal podrá cruzar datos, analizar patrones de conducta y determinar si existe una conexión real entre las amenazas o si se trata de un “efecto contagio” potenciado por la viralización en redes sociales. El objetivo es claro: identificar a los responsables y enviar un mensaje de autoridad para frenar la psicosis antes de que el sistema escolar colapse por completo.
El rastro digital y el peso de la ley
La investigación se apoyará fuertemente en la tecnología para romper el anonimato. Los peritos informáticos trabajarán en el rastreo de direcciones IP, cuentas de redes sociales y líneas telefónicas. El foco estará puesto en quienes originaron los mensajes de WhatsApp y las fotos de armas que circularon en los últimos días. La Justicia advierte que, aunque los autores sean menores de edad, las consecuencias legales para sus familias y para ellos mismos pueden ser severas, incluyendo imputaciones por intimidación pública.
“Se comenzará a analizar cada caso de manera individual y se buscará identificar a los autores de las amenazas, muchas de las cuales fueron realizadas a través de redes sociales o mensajes anónimos en los baños de los establecimientos”.
Las penas para este tipo de delitos no son menores, ya que contemplan sanciones que pueden llegar a los 6 años de prisión. En un contexto donde un alumno ya asistió armado a una institución y las brigadas de explosivos deben inspeccionar edificios casi a diario, la tolerancia judicial parece haberse agotado. La intención de Alcorta es demostrar que estas acciones, lejos de ser una broma estudiantil, constituyen un delito grave que pone en riesgo la integridad de miles de personas.
Un clima de incertidumbre en la región
Mientras la fiscalía avanza con las pericias, el panorama en las escuelas de La Plata, Ensenada y Berisso sigue siendo desolador. El ausentismo escolar se disparó y el retiro anticipado de alumnos se convirtió en una constante. En Ensenada, por ejemplo, se registraron al menos seis episodios intimidatorios, mientras que en Berisso el ingenio macabro llegó al punto de dejar notas con fechas de ataques futuros acompañadas por armas de juguete.
El despliegue de recursos de seguridad es constante y agotador. Las autoridades de Educación y Seguridad mantienen reuniones permanentes para reforzar la prevención en las inmediaciones de los colegios afectados. Sin embargo, el verdadero desafío será restablecer la confianza de las familias y garantizar que el aula vuelva a ser un lugar seguro, algo que solo se logrará cuando la Justicia logre identificar a los responsables de esta ola de amenazas que mantiene a toda una ciudad en vilo.