A través de una decisión administrativa, oficializó una quita general de casi $2,5 billones en los gastos del Estado, afectando partidas de la Secretaría de Educación y paralizando obras en trece casas de estudio.
El Gobierno de Javier Milei oficializó una profunda modificación en el Presupuesto 2026 que contempla un recorte general de casi 2,5 billones de pesos. La medida, plasmada en la Decisión Administrativa N°20/2026 publicada en el Boletín Oficial, afecta de forma directa a la Secretaría de Educación con una quita de 78.768 millones de pesos, suspendiendo obras en marcha y alterando partidas vinculadas a la ANSES y otras áreas del Estado.
El ajuste impacta de lleno en el sistema universitario nacional, que ya arrastra un severo desfinanciamiento desde la asunción de La Libertad Avanza a fines de 2023. El anexo oficial detalla una reducción específica de 5.303 millones de pesos en transferencias de capital destinadas a la infraestructura del conocimiento, frenando proyectos edilicios en trece casas de estudio.
Entre las instituciones académicas más perjudicadas por este recorte en obras se encuentran:
- Universidad Nacional de La Plata (UNLP): con una baja de $1.043 millones.
- UNSAM y UNDAV (San Martín y Avellaneda): con recortes de $700 millones cada una.
- Universidad Nacional de Río Cuarto: con una reducción de $680,5 millones.
- Universidad Nacional de Entre Ríos: con $540 millones menos.
El reclamo en las calles y la asfixia presupuestaria
Esta readecuación de partidas se da justo en la antesala de una nueva Marcha Federal Universitaria, avivando el eje central de la protesta. Según las estimaciones del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las transferencias reales a las universidades sufrieron una caída del 45,6% desde 2023, golpeando las actividades académicas, la investigación, la extensión y los programas de acompañamiento estudiantil.
El desplome de los ingresos formales es otro de los focos más críticos del conflicto. Los informes gremiales señalan que los salarios docentes y nodocentes perdieron cerca del 50% de su poder adquisitivo tras 17 meses consecutivos en baja, dejando al 80% de los profesores por debajo de la línea de pobreza. A este panorama se le suma el congelamiento de las becas Progresar, estancadas en $35.000 desde hace dos años.
Pese a la masividad de las movilizaciones anteriores, el Ejecutivo continúa sin implementar la Ley de Financiamiento Universitario. Desde el CIN denunciaron que ya transcurrieron 200 días sin la aplicación de la norma y acusaron al Gobierno de dilatar su ejecución mediante diversas trabas judiciales, desoyendo la ratificación lograda por los dos tercios de ambas cámaras del Congreso tras el veto presidencial.