El CECIM La Plata y abogados ambientalistas presentaron una acción preventiva para impedir que dos empresas extranjeras avancen con el proyecto León Marino sobre la plataforma continental argentina. Reclaman que cualquier explotación de hidrocarburos en la zona cuente con autorización y evaluación ambiental del Estado argentino.
El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA) acudieron al Juzgado Federal de Río Grande para intentar frenar el avance de un proyecto petrolero de gran escala en aguas próximas a las Islas Malvinas.
La presentación apunta contra las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited, además de quienes resulten responsables de la construcción y operación del proyecto denominado León Marino, previsto aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las islas.
El planteo combina dos cuestiones: la defensa del ambiente y el reclamo por la soberanía argentina sobre el territorio y sus recursos naturales. Las organizaciones sostienen que las compañías no cuentan con autorización ni con una evaluación de impacto ambiental realizada ante las autoridades argentinas.
“Una explotación no autorizada en territorio argentino”
Los abogados que impulsaron la acción sostienen que la soberanía no debe quedar reducida a una declaración política, sino que puede funcionar como fundamento jurídico para exigir la aplicación de la legislación argentina.
En ese sentido, invocan la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, que ratifica la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes.
También señalan que la Resolución 31/49 de la Asamblea General de Naciones Unidas reclama a Argentina y al Reino Unido que se abstengan de introducir modificaciones unilaterales mientras permanezca pendiente la disputa de soberanía.
Para las organizaciones, una explotación petrolera permanente y de gran escala constituye precisamente una modificación unilateral de esa situación.
Un proyecto de gran escala
Según la documentación incorporada a la demanda, León Marino contempla 23 pozos, de los cuales 16 serían productores de petróleo, seis destinados a la inyección de agua y uno a la inyección de gas.
El proyecto estaría organizado alrededor de una plataforma flotante con capacidad estimada para procesar unos 120.000 barriles de petróleo diarios y 140 millones de pies cúbicos de gas por día.
La presentación también advierte sobre el impacto ambiental potencial. Los cálculos incorporados estiman unos 9 millones de toneladas de dióxido de carbono durante el desarrollo y más de 100 millones de toneladas asociadas a la quema del petróleo extraído.
Además, identifican posibles riesgos para mamíferos y aves marinas, el fondo oceánico, la biodiversidad y la posibilidad de derrames.
Uno de los argumentos utilizados por los demandantes apunta a la Corriente de Malvinas, que circula predominantemente hacia el norte. Según plantean, un derrame de magnitud podría trasladar contaminantes hacia otras áreas del Mar Argentino.
El pedido para frenar las obras y seguir el dinero
El CECIM y AAdeAA solicitaron como medida cautelar que se ordene la paralización de las obras y actividades vinculadas con León Marino, incluidas perforaciones, movimientos del lecho marino, instalación de oleoductos y trabajos de fondeo.
Pero el planteo también busca intervenir sobre el financiamiento del emprendimiento. Los demandantes pidieron impedir nuevos contratos, desembolsos, pagos, transferencias, garantías o aportes destinados a sostener el proyecto.
Además, solicitaron que una eventual resolución judicial sea comunicada a organismos y mercados financieros de Reino Unido, Israel y Estados Unidos.
La acción fue presentada en Río Grande porque, según argumentaron, la jurisdicción federal sobre el espacio marítimo y la incorporación de las Islas Malvinas y sus espacios marítimos a la jurisdicción de Tierra del Fuego permiten sostener la competencia de ese juzgado.
El antecedente del CECIM
Desde el CECIM remarcaron que la presentación se vincula con su trayectoria en defensa de la soberanía argentina sobre el Atlántico Sur, los derechos humanos y la memoria de los combatientes.
La organización también plantea que la explotación unilateral de los recursos naturales forma parte de una dimensión contemporánea del conflicto por la soberanía.
Por su parte, AAdeAA aportó su experiencia en litigios ambientales y sostuvo que, frente a riesgos potencialmente graves o irreversibles, la legislación permite actuar preventivamente sin esperar a que ocurra un daño.
La demanda busca así que la Justicia argentina intervenga antes de que avance la explotación petrolera y determine si las empresas pueden desarrollar el proyecto sin contar con las autorizaciones ambientales y administrativas exigidas por la legislación nacional.