El gobernador bonaerense cuestionó en duros términos la resolución del máximo tribunal que validó la derogación de la normativa. Acusó al Gobierno nacional de intentar entregar recursos estratégicos tras no conseguir los votos necesarios en el Congreso.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lanzó duras críticas contra el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que revocó la sentencia que frenaba la derogación de la Ley de Tierras. El mandatario se alineó con el rechazo expresado por diversas instituciones, entre ellas el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, y advirtió que la decisión judicial representa una grave amenaza para la soberanía nacional.
A través de sus redes sociales, Kicillof calificó la resolución como un “fallo de la infamia” y acusó al máximo tribunal de actuar en detrimento de la voluntad popular. “Hace menos de dos meses, miles de argentinos se movilizaron para rechazar la entrega de nuestro territorio y el Gobierno nacional tuvo que retirar su proyecto porque no conseguía los votos en el Senado”, apuntó el mandatario provincial. En esa línea, argumentó que el Ejecutivo busca ahora avanzar por la vía judicial con una medida que no logró validar en el ámbito legislativo, con el objetivo de “legalizar la entrega y el saqueo”.
La normativa que se encuentra en el centro de la disputa es la Ley N° 26.737, la cual establecía límites y criterios estrictos para la adquisición y posesión de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras. Su derogación motivó a Kicillof a cuestionar de lleno la postura del presidente Javier Milei respecto a la defensa del patrimonio. “Termina de caerse la careta del supuesto Milei ‘malvinero’. Detrás de los discursos fingidos, el propósito es muy concreto: entregar recursos estratégicos y subordinar los intereses nacionales a intereses extranjeros”, sentenció.
El derrotero judicial y la resolución de la Corte
El conflicto legal se desencadenó a fines de 2023 con la firma del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 70/23, que incluyó la derogación de la Ley de Tierras. Frente a esta medida, el CECIM La Plata interpuso un amparo alegando su inconstitucionalidad. Tras un fallo adverso en primera instancia, la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata le dio la razón a los excombatientes, declaró inconstitucional el artículo cuestionado y ordenó suspender la derogación.
Ante este escenario, el Estado nacional presentó un recurso extraordinario que llevó el expediente a la Corte Suprema. Allí, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti enfocaron su fallo en la legitimación de la organización platense para impulsar la demanda. El tribunal concluyó que no existía un caso judicial válido en términos constitucionales. “Frente a la clara ausencia de un derecho de incidencia colectiva sobre un bien colectivo, no es posible tener por configurado un caso o controversia”, argumentaron los magistrados, dejando sin efecto la medida cautelar y restituyendo, en consecuencia, la derogación de la normativa.