La fiscal procesó a Albertina Mangini, integrante del Patronato de Liberados de La Plata, en el marco de una causa por asociación ilícita, defraudación mediante el uso indebido de datos digitales y lavado de activos agravado.
La fiscal Betina Lacki procesó a Albertina Mangini, integrante del Patronato de Liberados de La Plata, en el marco de una causa por asociación ilícita, defraudación mediante el uso indebido de datos digitales y lavado de activos agravado. Se investiga el destino de unos $27.000 millones movilizados en un año.
La imputada, que revistaba en la Procuración General bonaerense y cumplía funciones en comisión en el organismo de liberados, fue citada a declarar el viernes pero se negó a responder. La fiscal tiene un plazo de quince días, prorrogable por otro igual, para decidir si solicita su prisión preventiva.
Junto a ella fueron detenidos Ignacio Marchioni, apresado en Quilmes, y Mauro Perrota, capturado en Mar del Plata. De los tres indagados, solo Marchioni declaró: aseguró que su actividad se vinculaba con el corretaje y las inversiones, una versión que deberá contrastarse con la documentación financiera del expediente.
La pesquisa tuvo un avance clave el 16 de abril de 2026, cuando Lacki ordenó múltiples allanamientos tras meses de análisis técnico. Según la hipótesis fiscal, la estructura operó al menos entre fines de 2023 y agosto de 2024 y se valió de identidades de terceros, cuentas virtuales y dispositivos móviles para dificultar la trazabilidad de los fondos.
La operatoria respondía a la modalidad conocida como “smurfing” o “pitufeo”: fraccionar grandes sumas en múltiples operaciones menores para eludir los controles financieros. Para eso, la organización captaba a personas en situación de vulnerabilidad y les ofrecía unos $80.000 a cambio de sus datos personales y biométricos.
Las víctimas eran citadas en un bar de la zona de 7 y 56, en pleno centro platense, donde los operadores les tomaban fotografías, escaneaban sus rostros y abrían cuentas en billeteras virtuales. Esas cuentas funcionaban como “mulas” para recibir y transferir dinero, que luego era derivado a un casino online ilegal y convertido en supuestas ganancias de juego.
Sobre Mangini, los investigadores sospechan que utilizó su posición en el sistema judicial para acceder a personas bajo supervisión o en contextos de fragilidad social, por lo que podría sumarse el cargo de abuso de función pública. La Justicia continúa investigando a otros posibles integrantes de la organización.