El fiscal federal Guillermo Marijuan solicitó citar a declarar al hermano del jefe de Gabinete. Se lo investiga por ocultar patrimonio y presentar múltiples rectificaciones sospechosas tras su paso por el Ministerio de Defensa.
El fiscal federal Guillermo Marijuan solicitó este jueves que se cite a prestar declaración indagatoria a Francisco Jorge Adorni, actual diputado provincial y hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La causa investiga un presunto enriquecimiento ilícito y la incorporación de datos falsos u omisiones maliciosas en sus declaraciones juradas patrimoniales durante su gestión como funcionario del Ministerio de Defensa.
La investigación judicial se originó a partir de una hipótesis de incremento patrimonial no justificado en el período en que Adorni ocupó cargos jerárquicos en dicha cartera, donde se desempeñó inicialmente como titular de la Unidad de Auditoría Interna y, más tarde, como presidente del Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF).
Las rectificaciones bajo la lupa
Según se desprende del escrito fiscal, antes del inicio de la causa Adorni había presentado tres declaraciones juradas originales correspondientes a su paso por la función pública: la inicial del año 2024, la anual de 2024 y la de baja correspondiente al año 2025.
Lo que despertó las alarmas de la fiscalía fue que, una vez iniciada formalmente la investigación judicial, el funcionario presentó al menos dos rectificativas diferentes para cada uno de esos tres documentos. Entre las modificaciones y los sorpresivos agregados posteriores se destacan:
- Dinero en efectivo: En mayo informó por primera vez que poseía efectivo. En una rectificación posterior de su declaración de baja, detalló que al finalizar su gestión tenía $24,5 millones, justificando que $21 millones provenían de una herencia.
- Cuentas y tarjetas propias: Incorporó cajas de ahorro en pesos y dólares, cuentas corrientes y nuevas tarjetas de crédito (originalmente solo había declarado una tarjeta Visa del Banco Provincia) que, según los registros, ya existían al momento de su ingreso a la función pública.
- Bienes de su cónyuge: Agregó productos financieros pertenecientes a su esposa, entre ellos tarjetas Visa y American Express, fondos de inversión, plazos fijos y diversas cuentas bancarias.
- Valuaciones: Se detectaron cambios sustanciales en la valuación general de sus bienes.
“Existe un cuadro de sospecha bastante de que el funcionario omitió y falseó datos relevantes en sus Declaraciones Juradas Patrimoniales correspondientes al período en que se desempeñó en el ámbito del Ministerio de Defensa de la Nación, ocultando sumas de dinero y cuentas bancarias y falseando los montos sobre los que se encontraba obligado a declarar con veracidad”, afirmó tajante Marijuan en su presentación.
Un “experto en la materia”
Uno de los argumentos centrales utilizados por el fiscal para sostener la imputación penal es la sólida formación técnica de Adorni. Marijuan recordó que el actual legislador es contador público, cuenta con una especialización en Administración Financiera y Control del Sector Público, y acumula dos décadas de experiencia en tareas contables dentro del Consejo de la Magistratura bonaerense.
Ante este perfil, el fiscal fue categórico: “De modo alguno podía desconocer la relevancia e implicancias de la inclusión de datos correctos en las Declaraciones Juradas Patrimoniales y menos aún olvidarse o equivocarse en la modificación o incorporación de bienes en su patrimonio. Nos hallamos frente a un experto en la materia”.
El delito imputado
A criterio del Ministerio Público Fiscal, las pruebas reunidas hasta el momento permiten sospechar que Adorni, estando obligado a rendir cuentas por los cargos que desempeñó, “insertó datos falsos y omitió declarar bienes que por ley debía incluir” con la clara finalidad de falsear su patrimonio y eludir el debido control del Estado.
Por este motivo, se solicitó formalmente al juzgado su llamado a declaración indagatoria por la presunta comisión del delito previsto en el artículo 268 inciso 3 del Código Penal, el cual sanciona de manera específica la inserción de datos falsos u omisiones maliciosas en las declaraciones juradas de los funcionarios públicos.